Esta semana está sobre el tapete una nueva dimensión del debate de la para-política. Esta vez, a raíz de la propuesta de los líderes paramilitares al gobierno, acerca de la restitución de su status como ‘voceros políticos’ para “avanzar en el proceso de paz” y “restablecer la interlocución política con todos los sectores de opinión interesados en la suerte del País”.
De esta manera se ha desencadenado todo el debate acerca del carácter político del proceso de desmovilización de las AUC. Independientemente de si los grupos paramilitares merecerían ese status político, o de lo viciado que pueda estar su proceso de desmovilización desde un principio, la pregunta por las oportunidades políticas que necesita la reconciliación se hace necesaria ahora, o en todo caso, se hará urgente más adelante.
Todo proceso de reinserción necesita tres tipos de garantías: las jurídicas, las económicas, y por supuesto, las políticas. Estas últimas van desde la “protección física de los excombatientes hasta el ‘estatuto de la oposición’, pasando por la depuración y modernización de la fuerza pública y el aparato judicial, las cuotas en cuerpos colegiados o circunscripciones a favor, el acceso a los medios o la financiación de sus campañas electorales” (PNUD, 2003, p. 413).
Este primer reconocimiento puede orientar varias de las consideraciones alrededor del reclamo reciente de los líderes paras.
1. La reivindicación que hacen los paras por la naturaleza política de su lucha significa un desafío conceptual, jurídico y político, pues en los términos estrictos de los combates, los paras “comparados con las fuerzas guerrilleras y con las acciones del gobierno, tienen una razón entre asesinatos y heridos excepcionalmente alta, lo que indica gran intencionalidad en sus homicidios. En otras palabras, han ejecutado numerosas personas con disparos de tiro al blanco, principalmente en masacres. Sus asesinatos fueron parte de una explícita estrategia de terror que consistía en matar a aquellos civiles que, según los paramilitares, ayudaban a guerrilleros” (Spagat, 2006).
2. Tradicionalmente, mientras el carácter político de las guerrillas ha radicado en su lucha por derrotar al Estado y hacer la revolución, para los paramilitares ha consistido en asumir un papel dada la “ausencia del Estado en defensa del orden vigente”. Sin embargo, debe haber consenso en que una masacre es condenable sea cual sea la mano criminal.
3. Ahora bien, esto también se presta para imprecisiones cuando analistas, como Alfredo Rangel por ejemplo, en defensa del estatus político de los paramilitares, afirman que no puede ser más político enfrentarse al Estado que defenderlo. No obstante, no enfrentar al Estado no implica defenderlo. Los paras nunca han defendido al Estado, han defendido sus intereses privados (tierras, capitales) a costillas y con la anuencia de las instituciones del Estado. Eso es muy distinto a defender al Estado.
4. La política no es sólo la electoral. Aunque el exsenador Rafael García habla del “acumulado solidario comunitario del paramilitarismo”, o sus líderes dicen que en las distintas regiones, “se nos sigue recordando desde donde alguna vez ostentamos el poder ilegal y armado que seremos bienvenidos y apoyados en la lucha política desarmada y democrática”, su ‘inserción política’ no debería restringirse a las urnas. Con base en la investigación de la Corporación Nuevo Arco Iris, Claudia López puede decir que los paras “mataron opositores, impusieron candidatos, metieron plata y, cuando todo eso no alcanzaba, alteraron los registros electorales para asegurar la victoria. Esa combinación de las formas de lucha consolidó su poder en 223 municipios y 12 departamentos. Así llegaron al poder local y regional”. ¿Ese es el “apoyo” que recuperarán?
5. Ahora bien, la cuestión sobre si es preferible que hagan política con todas las condiciones y el seguimiento del Estado a que la sigan haciendo con sus propias reglas, introduce una pregunta ética cuya respuesta parece obvia. Por supuesto que es mejor que hagan política desde lo legal; el problema es ¿qué garantizaría que fuera distinto con el amparo y el aval de este gobierno?
6. La única posibilidad de que su participación política fuera distinta está en la responsabilidad directa que asuman los partidos políticos. Y que lo hagan no sólo bajo la figura de un pacto colectivo por la transparencia. No. Cada partido debe garantizar unos procedimientos que blinden los avales ahora, y que permitan la rendición de cuentas, después. Así no se repetirá el caso de Trino Luna, Gobernador de Magdalena, a quien se estaban rifando entre el partido liberal y el uribismo, eludiendo finalmente el debate.
7. Ha sido grande la tentación de comparar las posibilidades políticas del proceso de desmovilización de los paras con el de principios de los 90. Sin embargo, este proceso no es comparable con el del M-19, por ejemplo, entre otras cosas porque el M-19 no dejó remanentes en su proceso de reinserción. Su desmovilización fue total. Además, el enredo de la parapolítica que se anticipó a cualquier discusión de este tipo también es inédito.
8. Otra variable que diferencia las oportunidades para un grupo como el M-19 y las de ahora para los paras, está en que a principios de los 90 estrenábamos con euforia nacional (más que regional) una Constitución, y ahora son los términos de la Reforma política de 2003 los que limitan la consolidación de nuevas fuerzas políticas, tanto en lo nacional como en lo local.
9. Finalmente, si vamos a hablar en serio de grupos desmovilizados y partidos políticos, estas mismas preguntas y reflexiones le caben al Polo Democrático Alternativo y el Ejército de Liberación Nacional. Ojalá tengamos cada vez más pretextos para discutirlo.
Andrea Arboleda B.
Presidenta
UCJD - Bogotá
